Planteamiento de pacificación de la COB tiene ocho ejes, incluyendo compromiso de no privatización
La Central de Trabajadores de Bolivia (COB) presentó este martes su "comentario y enfoque para la pacificación y recuperación del país", compuesto por ocho ejes temáticos, entre los que destaca el compromiso de no privatizar empresas públicas estratégicas, la suspensión de normas que restrinjan las protestas sociales y la adopción de medidas económicas y sociales encaminadas a proteger a la población.
La propuesta fue dirigida al presidente Rodrigo Paz y exige una respuesta inmediata del mandatario. La carta fue recibida por la funcionaria presidencial, Gilda Céspedes.
A través de la nota se solicita la participación de la Fiscalía General del Estado como garante de la no persecución penal y no judicialización de las protestas.
Según el documento, la agenda debe desarrollarse bajo mecanismos de seguimiento público, con plazos específicos, actas verificables y compromisos medibles.
El texto no incluye el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz, que fue el pedido de los sectores bloqueadores en el actual conflicto que atraviesa el país.
El primer eje se refiere a los derechos humanos, las garantías orgánicas y la pacificación. La COB propone el rechazo a la criminalización de la protesta, la suspensión y archivo definitivo de proyectos normativos considerados restrictivos para la movilización social, el cese de la persecución política, judicial y mediática contra líderes y autoridades organizativas, así como la liberación y revisión de los casos de personas detenidas durante los conflictos. También exige medidas inmediatas contra los actos de racismo y discriminación.
El segundo punto aborda el cumplimiento de los compromisos y el control social. La organización exige al Gobierno cumplir sus promesas electorales y propone la aprobación de una ley que obligue a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a rendir cuentas de sus compromisos de campaña.
En materia económica, el tercer eje propone garantizar que no se promoverán privatizaciones, capitalizaciones, concesiones ocultas o traspasos de empresas públicas estratégicas a intereses privados nacionales o extranjeros.
Además, rechaza la contratación de créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), exige transparencia respecto de posibles acuerdos con organismos financieros internacionales y propone acelerar la distribución de recursos bajo un esquema del 50% para el nivel central y del 50% para gobernaciones y alcaldías.
La propuesta también incluye demandas de transparencia e investigación. En este marco, solicita la remoción del ciudadano argentino Fernando Cerimedo de cualquier rol de asesoramiento o toma de decisiones en el Gobierno y solicita una investigación sobre su presunta influencia en contrataciones y nombramientos. Asimismo, propone la formación de una comisión legislativa especial para investigar los casos denominados "narcomaderas" y "narcomaletas".
El quinto eje se refiere a la política de hidrocarburos. La COB exige que no se incrementen los precios de los combustibles para consumo nacional y exige compensaciones a los afectados por la distribución de gasolinas desestabilizadas o combustibles adulterados, junto con una auditoría técnica independiente.
En el ámbito legislativo, el documento establece la consulta previa obligatoria a las organizaciones sociales, trabajadores, juntas vecinales y pueblos indígenas originarios campesinos antes de la aprobación de leyes, decretos o medidas macroeconómicas que los afecten.
En materia de canasta familiar, derechos laborales y seguridad social, la COB propone medidas para contener la especulación y el aumento de precios, preservar los salarios reales y garantizar el empleo estable.
También propone la creación de un fondo soberano que permita una jubilación equivalente al 100% de los ingresos de todos los sectores laborales del país.
Finalmente, el octavo eje aborda cuestiones ambientales e internacionales. La organización exige que los parques nacionales y áreas protegidas no sean utilizados para actividades extractivas y pide que la política exterior boliviana mantenga una orientación pacifista y acorde con la Constitución.
En su declaración final, la COB sostiene que la paz social en Bolivia sólo se podrá lograr a través de la atención de las demandas planteadas, el diálogo con los actores que considera legítimos y el cumplimiento de los compromisos asumidos con la población.
El ejecutivo Mario Argollo pidió una respuesta inmediata del Gobierno, porque de lo contrario las movilizaciones exigiendo la renuncia de Rodrigo Paz se volverían masivas.
Fuente: Erbol
