Por cada cuatro feminicidios, uno termina en sentencia
Iván Ramos - Periodismo que Cuenta
Desde la promulgación de la Ley 348 en 2013, destinada a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, hasta finales de 2024, el panorama judicial boliviano en casos de femicidio sigue siendo desolador. El Ministerio Público ha registrado 1.184 femicidios, pero solo 349 de ellos han concluido con sentencia, dejando 799 casos en el limbo judicial. Esto significa que solo 1 de cada 4 femicidios encuentra justicia, una realidad que pone en tela de juicio la eficacia del sistema penal.
La activista Virginia Quispe, de la organización Sinchi Warmis de Sucre, señala que las sentencias a través de procesos abreviados suelen lograrse cuando los femicidas se declaran culpables o en casos de femicidio seguido de suicidio del agresor. “Cuando el agresor no se declara culpable, el proceso se convierte en un calvario para las familias: un entramado de despachos de abogados, juzgados y burocracia que puede durar más de cuatro años”, lamenta Quispe. Además, los hijos de las víctimas suelen ser los más afectados, ante una situación de desamparo.
El abogado penalista y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Arturo Yáñez, describe la situación como “un reflejo del desastre del sistema penal boliviano”. Según Yáñez, “la mayoría de condenas se logran por procedimiento abreviado, porque los agresores admiten el hecho, lo que demuestra la falta de justicia efectiva”. Además, destaca la ausencia de equidad y garantías para el debido proceso.
Los datos históricos refuerzan esta crítica. En 2013, de 26 feminicidios registrados, solo 1 caso obtuvo sentencia. En 2024, un año con 84 feminicidios denunciados, solo se lograron 27 sentencias. La tendencia muestra un sistema incapaz de responder a la magnitud de la violencia de género en el país.
Una deuda también con los huérfanos del feminicidio
A esta crisis se suma el abandono de los niños que quedan huérfanos a causa de los feminicidios. Desde 2023, más de 1.000 menores se han visto afectados por la muerte de sus madres, con padres en prisión o que también han fallecido. Muchos de estos niños terminan en situaciones de extrema vulnerabilidad, sin que el Estado tenga un registro claro de su paradero.
Aunque algunos parlamentarios y la Defensoría del Pueblo han impulsado una ley para proteger a los huérfanos del feminicidio, la medida aún no se ha materializado. La iniciativa incluye beneficios como apoyo económico, asistencia alimentaria y descuentos, pero su implementación sigue siendo incierta. “El Estado ha perdido el rastro de muchos de estos niños, que pueden estar en hogares de acogida, con familias extensas o incluso en la calle”, alertan expertos.
Un cambio urgente
La situación de los feminicidios y sus consecuencias pone de relieve la necesidad de una reforma estructural del sistema penal y de un mayor compromiso del Estado para garantizar la justicia y la protección de las víctimas y sus familias. Sin acciones decisivas, la deuda con las mujeres y los niños de Bolivia seguirá creciendo.
Fuente: Erbol | Seguridad
