TSJ reordena la justicia penal y crea juzgados exclusivos para corrupción y crimen organizado
IVÁN RAMOS - PERIODISMO QUE CUENTA
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó una reestructuración de los juzgados penales que permitirá crear despachos especializados exclusivamente en procesos de corrupción y delitos vinculados al crimen organizado. La medida tendrá especial aplicación inicial en Santa Cruz, donde se concentrará una parte importante de la reorganización.
JUECES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, informó que la Sala Plena aprobó dos acuerdos para refuncionalizar los juzgados penales y redistribuir las competencias de los jueces. La intención es que determinados operadores de justicia dejen de atender causas generales y se concentren únicamente en procesos considerados complejos.
En Santa Cruz, la reorganización alcanzará a los 28 juzgados de instrucción que actualmente tienen competencias amplias. Estos despachos serán redistribuidos para establecer jueces especializados en corrupción y crimen organizado, mientras otros magistrados asumirán causas ordinarias y procesos relacionados con violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
NUEVOS PERFILES Y CONTROL A LOS JUECES
Saucedo señaló que serán seleccionados jueces con perfiles considerados adecuados para atender este tipo de procesos y que el Consejo de la Magistratura deberá emitir nuevos títulos para formalizar la especialización.
El TSJ también anunció que recurrirá a la cooperación internacional para reforzar la capacitación de los nuevos jueces.
El objetivo declarado es que quienes asuman estos casos cuenten con formación específica para enfrentar procesos relacionados con estructuras criminales y hechos de corrupción.
Paralelamente, la Unidad de Transparencia del Órgano Judicial será desplazada a Santa Cruz para revisar actuaciones judiciales. Si identifica posibles irregularidades, podrá remitir antecedentes a las instancias disciplinarias correspondientes o al Ministerio Público.
La reestructuración modifica así la distribución de competencias dentro del sistema penal y plantea un nuevo esquema de atención para procesos de corrupción y crimen organizado, aunque su alcance dependerá de la implementación efectiva de los nuevos juzgados y de la selección y capacitación de los jueces.
Fuente: Erbol | Seguridad
