Defensor tilda de “inhumana” la persecución contra Elvira Parra: son 55 procesos y más de 10 años de investigación
"Esta es una persecución inhumana". Así, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, describió la situación de Elvira Parra, exdirectora del Fondo Indígena, señalando que enfrenta 55 procesos vinculados al caso del Fondo Indígena, varios de los cuales permanecen bajo investigación después de una década.
Callisaya visitó a Parra en celdas policiales luego de que fuera arrestada nuevamente.
Según explicó, de 161 procesos vinculados al caso Fondo Indígena, 55 son contra Parra. "De estos 55, hay 23 casos que siguen tramitándose después de 10 años. ¿Se imaginan después de 10 años? Y hay otros cinco, que llevan más de cinco años bajo investigación", añadió.
"Nadie va a promover espacios de impunidad, pero hay que racionalizar la persecución penal porque no podemos estar persiguiendo a la gente indefinidamente. Y el Estado se está tomando muchísimo tiempo para hacer una investigación", afirmó.
Callisaya también señaló que la propia Fiscalía General del Estado de Bolivia reconoció retrasos en las investigaciones.
Pese a ello, señaló que recientemente se abrió una nueva causa penal por hechos de similar fecha y que el fiscal del caso volvió a solicitar prisión preventiva por seis meses para Parra, a pesar de que ella ya llevaba más de ocho años en prisión preventiva.
Parra estuvo detenido entre 2015 y 2023 como medida preventiva. Luego, se informó que había estado privada de su libertad por un período mayor de tiempo, incluido el correspondiente a la pena máxima por el delito imputado.
“Imagínese la irracionalidad del procesamiento penal”, dijo Callisaya.
La Defensoría del Pueblo también advirtió que los procesos se encuentran dispersos en diferentes departamentos, como Santa Cruz y Oruro, lo que obliga a Parra a viajar permanentemente con sus abogados, testigos y peritos para ejercer su defensa, en audiencias que frecuentemente son suspendidas.
En su opinión, esta situación no sólo afecta el derecho al debido proceso y a una justicia pronta y razonable, sino que también perjudica al propio Estado, que no puede recuperar ningún daño económico mientras los casos no concluyan.
Callisaya solicitó a la autoridad judicial que conocerá el nuevo caso evaluar toda esta información en la audiencia prevista para las próximas horas.
La Defensoría del Pueblo anunció que continuará dando seguimiento al caso y realizando gestiones institucionales, además de no descartar acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la presunta vulneración de derechos derivada de la prolongación de los procesos.
Fuente: Erbol | Seguridad
