AJAM: En Bolivia es posible una minería responsable acorde con el medio ambiente y que facilite la demanda global por energía limpia
En Bolivia existe la posibilidad de una minería responsable, compatible con el medio ambiente y que agrupe a todos los actores productivos, porque el mundo del futuro necesita ingentes cantidades de minerales y metales estratégicos que se encuentran en grandes reservorios en el territorio boliviano, vitales para el desarrollo de la tecnología y la transición energética global.
La afirmación corresponde al director Nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria que reiteró: “Bolivia tiene esos minerales estratégicos y pueden generar ingresos superiores a los hidrocarburos”.
Mencionó a la mina San Cristóbal como la última importante inversión con más de mil millones de dólares en la historia de Bolivia y que después de 30 años se encuentra en su etapa de cierre. “No tenemos otra inversión importante en el país, y no es porque no tengamos las reservas geológicas, porque contamos con la última frontera de reservas de minerales de Latinoamérica”, agregó.
El yacimiento está a cielo abierto en el departamento de Potosí, al sudoeste del país, considerado como uno de los de más grandes del planeta de minerales como zinc, plomo y plata por su producción en concentrados en zinc-plata.
Sanabria que es abogado especialista en derecho minero con más de tres décadas de experiencia, considera que es fundamental “una verdadera y nueva política minera sostenible”.
Describió que en Chile desde 1974 han mantenido una política sostenida de libre asociación de comercio entre el Estado y los actores productivos privados, “ellos mantuvieron una constante política de inversión, de seguridad jurídica y de estabilidad fiscal”.
“Esto ha permitido un desarrollo y como se dice, al árbol se lo conoce por sus frutos, el resultado es que el año pasado Chile ha exportado un total de 65 mil millones de dólares por más de cinco millones de toneladas de cobre y constituye el 13 por ciento del PIB chileno, el Perú ha exportado 55 mil millones de dólares en minerales y es el 10 por ciento del PIB peruano”, informó el Director de la AJAM.
Sin embargo, lamentó que Bolivia teniendo el mayor reservorio geológico de minerales de la región y del mundo haya exportado solamente seis mil millones de dólares, lo que calificó de absurdo.
“Si nosotros lograríamos una política minera adecuada sostenida y sustentable podríamos subir nuestro PIB minero de unos 20 a 30 mil millones de dólares cada año. Dicen que Evo Morales ha gastado en despilfarro unos 60 mil millones de dólares en 20 años, pero nosotros podemos obtener esa cifra cada año y no sabríamos qué hacer con ese dinero”, destacó.
Insistió que hacer minería no es malo, por lo que no tenemos que estigmatizarla ni vilipendiarla, la “minería es buena cuando es responsable”.
Tres pilares
Respecto si la nueva normativa respetará a las Áreas Protegidas de Bolivia, Sanabria esclareció que en ningún momento la política del gobierno es hacer una minería irresponsable, por lo que desplegó tres pilares fundamentales.
El primero es velar por el desarrollo económico, pagar las regalías y los impuestos de ley.
El segundo es el desarrollo humano responsable con los Derechos Humanos, el cumplimiento de las leyes sociales, las de seguridad social y respetar los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la consulta previa y a la participación como se establece en el Convenio 169, en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y en la misma Constitución Política del Estado.
Dijo que el tercer pilar es la preservación del medio ambiente a través del cumplimiento de las leyes ambientales con una minería responsable, “es por donde se orienta la política minera”.
“Se orienta en base a estos pilares y no es una política estatista destructiva del amplio mercado, lo que sucede es que se ha generado un escenario donde todo está prohibido, tampoco se ha delimitado las competencias entre autoridades ambientales y autoridades mineras”, reconoció el Director de AJAM.
Lo que pasa es que las leyes ambientales están hechas para que las autoridades ambientales las hagan cumplir, mientras que la autoridad minera tiene leyes mineras que tiene que hacer cumplir en razón de materia y competencia, añadió.
En el portal de la AJAM sobresale que es una entidad autárquica encargada de la dirección, administración superior, registro, control y fiscalización de la actividad minera, que precautela la seguridad técnica y jurídica y el adecuado manejo de los recursos mineralógicos del Estado boliviano.
Sin embargo, las propias normas estatales establecen que las autoridades mineras y ambientales tienen funciones complementarias destinadas a equilibrar el desarrollo económico de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Ambas entidades deben coordinar esfuerzos para que toda actividad extractiva cumpla con las normas ecológicas y sociales vigentes.
Al respecto Sanabria justificó que ambas autoridades tienen una labor coordinada y que se reunieron con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), la Dirección General de Biodiversidad, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y con el Ministerio de Minería y Metalurgia.
Minería ilegal
Sanabria asume que la minería ilegal en Bolivia tiene muchos componentes y que es un problema muy serio y no es sólo administrativo o medio ambiental, “no es sólo lo que se conoce, están destruyendo el medio ambiente”.
“Es la muestra de la depredación, en el fondo la minería ilegal es un problema económico, de seguridad y de gobernabilidad”, agregó.
Explicó que es una actividad que tiene muchas causas y es el Estado que también tiene responsabilidad, por ejemplo, las medidas restrictivas o la burocracia que se ha generado en la AJAM, hay trámites mineros que duran hasta 10 años para tener un área minera y para obtener una licencia ambiental se puede tardar de cinco a seis años.
El trámite de adecuación de derechos mineros es el proceso legal o administrativo mediante una persona, empresa, cooperativa o institución ajusta sus antiguas autorizaciones, estatutos o licencias a un nuevo marco normativo o ley vigente. Su objetivo es formalizar y adaptar los derechos o permisos preexistentes a las reglas actuales.
Sin embargo se cuestiona la otorgación irregular en pasadas gestiones, al respecto el Director de la AJAM detalló que las ilegalidades persisten y que con todo eso va el trámite, pero cuando termina la adecuación se puede demandar la nulidad, la resolución del contrato. “No se está consolidando sólo se hace el trámite administrativo de adaptarlo a la nueva gestión”. (Cronista21)
Fuente: Erbol
