Ejecutivo no responde 30 peticiones de informe sobre personal y sueldos; sospechan encubrimiento a masistas
Luego de más de dos meses sin recibir respuesta a 30 Solicitudes de Informe Escrito (PIE) sobre el personal de nómina y niveles salariales de la administración central del Estado, así como de empresas descentralizadas y autosuficientes, la diputada Adriana Jiménez envió 20 citaciones al Órgano Ejecutivo, en el marco de sus facultades de control.
El procedimiento ordinario establece que, una vez despachados desde la Cámara de Diputados, las solicitudes de informes se canalizan al Viceministerio de Coordinación Legislativa -actualmente a cargo de Wilson Santamaría-, para luego ser remitidos al Presidente del Estado y, posteriormente, a los ministerios correspondientes. Sin embargo, Jiménez aseguró que desde noviembre pasado no ha recibido respuesta a ninguna de sus solicitudes.
"Creo que se intenta encubrir a funcionarios del Movimiento Al Socialismo que aún están trabajando. Es bien sabido que les han cortado la cabeza, pero no se han cortado las raíces podridas que han generado actos comprobados de corrupción en empresas estratégicas. Estas empresas todavía funcionan como caja chica para funcionarios cuidadosamente seleccionados", declaró el diputado en una reciente conferencia de prensa.
Jiménez consideró que las diferencias salariales constituyen una falta de respeto, especialmente en un contexto de crisis económica, donde muchas familias sobreviven con ingresos que rondan los 3.300 bolivianos mensuales. En ese sentido, cuestionó que el Estado siga pagando altos salarios a los funcionarios designados discrecionalmente. “Todos debemos apretarnos el cinturón, especialmente aquellos que disfrutan de jugosos salarios en los puestos asignados: el mejor amigo, el cuñado, el primo o el compadre”, afirmó.
La legisladora dijo que le llama la atención que el Ejecutivo oculte información con el supuesto objetivo de proteger a funcionarios vinculados al MAS, quienes, según denunció, siguen lucrando con recursos públicos sin generar beneficios para el país.
Como consecuencia de esta situación, el diputado de la Alianza Libre presentó un Proyecto de Ley de Austeridad y Racionalización Salarial, con el objetivo de garantizar el uso responsable de los recursos públicos. La propuesta busca reforzar el cumplimiento del Decreto Supremo N° 28609, que establece que ningún funcionario público deberá recibir un salario superior al del presidente del Estado.
Jiménez denunció que hay directores, jefes y gerentes que reciben salarios de entre 40.000 y 50.000 bolivianos mensuales, e incluso consultorías que llegarían a los 250.000 bolivianos mensuales, como es el caso de la Planta de Urea y Amoniaco.
El proyecto de ley deberá ser discutido en comisión, donde se analizará su viabilidad. Sin embargo, su tratamiento seguirá en manos de la mayoría gobernante, que controla las comisiones económicas clave de la Cámara de Diputados.
Fuente: Erbol
