Fiscalía admite que no tiene acceso directo a la deep y dark web en investigaciones de delitos sexuales infantiles
Iván Ramos - Periodismo que Cuenta
La Fiscalía General del Estado informó que actualmente no tiene acceso directo a la deep web ni a la dark web para monitorear delitos sexuales contra menores de edad. La fiscal superior de género, Alejandra Rocha Villarroel, explicó que este nivel de investigación requiere de especialización técnica y herramientas aún en desarrollo.
Rocha precisó que la normativa actual contempla la figura de agentes encubiertos digitales, quienes podrán operar en entornos virtuales restringidos previa autorización judicial, garantizando el debido proceso y el principio de legalidad en la obtención de pruebas.
En el país, la unidad encargada de gestionar material de abuso sexual infantil atiende 19 casos a nivel nacional. Como parte de estas investigaciones, el pasado viernes 10 se realizaron operativos simultáneos que resultaron en 10 personas detenidas y seis arrestadas.
Las investigaciones se centran en delitos vinculados al almacenamiento de material de abuso sexual infantil, aunque no se descarta la expansión a otro tipo de delitos, como abusos sexuales o violaciones agravadas en entornos digitales.
Durante los allanamientos, el Ministerio Público incautó equipos tecnológicos que serán sometidos a peritajes especializados: dos computadoras de escritorio, 12 portátiles, nueve tablets, 64 teléfonos móviles, 22 memorias externas, tres grabadoras de video digital (DVR) y un TV Box.
La evidencia incluye fotografías, videos, audios y conversaciones relacionadas con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Según la Fiscalía, gran parte de este material es producido y almacenado en el país, y posteriormente detectado por plataformas internacionales.
El Ministerio Público indicó que mantiene acuerdos de cooperación internacional que le permiten recibir reportes de redes sociales y servicios digitales como TikTok, Facebook y YouTube, donde se identifican contenidos ilícitos que luego son compartidos o almacenados en la nube.
En este marco, la Ley N° 1636 establece medidas para prevenir, investigar y sancionar estos delitos en entornos digitales, incluyendo penas de entre 15 y 20 años de prisión en casos de explotación sexual infantil.
La norma incorpora nuevos tipos penales, como el reclutamiento de menores con fines sexuales, la solicitud o envío de contenidos ilícitos, la exposición a material sexual y la producción de este tipo de contenidos, considerado el delito más grave.
Respecto a las herramientas actuales, la Fiscalía indicó que trabaja principalmente con fuentes abiertas y sistemas de gestión de información como el SIND, utilizados para el seguimiento y organización de datos en las investigaciones.
Finalmente, la institución destacó que los operativos se realizaron bajo principios de simultaneidad, reserva y coordinación centralizada, y no descartó ampliar las investigaciones, tras el hallazgo de otros elementos como sustancias controladas, un arma de fuego, municiones y dinero, que evidencian la complejidad de los casos.
Fuente: Erbol | Seguridad
