Legislativo y Órgano Judicial en polémica aparte por controlar Derechos Reales y el Notariado
Bajo el argumento de recuperar competencias y garantizar la seguridad jurídica, en las últimas semanas surgió una disputa institucional entre el Órgano Legislativo y el Consejo de la Judicatura en torno al control de los Derechos Reales (DDRR) y la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu).
Por un lado, desde la Asamblea Legislativa, la diputada del PDC, Claudia Bilbao, impulsa un proyecto de ley que propone retirar la administración de los Derechos Reales del Consejo de la Judicatura. Según su diagnóstico, el actual sistema de registro ha colapsado, dejando de cumplir su función de fe pública para convertirse en un “cuello de botella” que vulnera el derecho constitucional a la propiedad privada.
El legislador sostiene que la falta de control externo sobre el Poder Judicial ha propiciado la formación de “feudos administrativos” al interior de las oficinas registrales, donde predomina la discrecionalidad y la intermediación de los encargados del tratamiento.
Asimismo, advierte que la mala interoperabilidad entre DDRR, catastros municipales y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) permite que un mismo inmueble registre múltiples situaciones jurídicas, lo que fomenta conflictos como esclavización, duplicidad de propiedad y estafas inmobiliarias.
En este marco, el proyecto propone transferir DDRR al Ministerio de la Presidencia, con el objetivo de incorporar herramientas de gobierno electrónico a través de AGETIC, fortalecer el control social y legislativo, y avanzar hacia la unificación de datos a nivel nacional.
RECLAMACIONES DEL CONSEJO PARA DIRNOPLU
En cambio, el Consejo de la Judicatura ha rechazado esta iniciativa y defiende su competencia sobre el sistema registral. El decano de la institución, Manuel Baptista, informó que el Poder Judicial impulsa un proceso de consenso para recuperar la administración de la Dirección Notarial Plurinacional, actualmente fuera de su custodia, como parte de una reestructuración del sistema de justicia.
Baptista anunció que se formalizará la solicitud para que las Notarías vuelvan a depender del Consejo de la Judicatura, con el objetivo de consolidar una institucionalidad independiente, eficiente y orientada al servicio de la ciudadanía.
Durante el evento por el XXVIII aniversario del Consejo de la Judicatura, el 31 de marzo, la autoridad reconoció que Derechos Reales enfrenta problemas estructurales, como denuncias de corrupción, demoras en trámites y limitaciones tecnológicas. Sin embargo, destacó que la solución no es transferir estas competencias al Poder Ejecutivo, sino fortalecer el Poder Judicial con mayores recursos, tecnología y capacidad operativa.
En esa línea, destacó la necesidad de avanzar hacia una reingeniería del sistema judicial que permita mejorar la articulación institucional y garantizar efectivamente la seguridad jurídica de los derechos de propiedad.
De esta manera, mientras el Legislativo busca asumir el control de los Derechos Reales, el Consejo de la Judicatura no sólo resiste esa posibilidad, sino que intenta recuperar la gestión de las Notarías, configurando un escenario de tensiones por la administración de servicios clave vinculados a la seguridad jurídica en el país.
Fuente: Erbol
