Presidente del TSJ formaliza denuncia penal contra los ‘autoprorrogados’ y pide alerta migratoria
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, sube la presión contra cinco magistrados “autoprovenientes” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con una denuncia penal con la que los acusa de cometer dos delitos y solicita que se active la alerta migratoria respectiva.
Los denunciados son los magistrados Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo, quienes debían terminar mandato en diciembre de 2023, pero fueron prorrogados en su cargo mediante una resolución.
En la denuncia, presentada ante la Fiscalía de Chuquisaca, Saucedo señala que estos cinco “autoprovocados” cometieron los delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
El principal argumento de la denuncia es que la Constitución sólo permite el cargo de magistrados por seis años, por lo que los "autoregistrados" incumplen ese precepto.
Explica que los cinco sindicatos cometieron usurpación de funciones porque continúan ejerciendo como magistrados, aunque ya cumplieron el mandato de seis años expresado en la Constitución.
También cree que los denunciados incurrieron en resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, al haber emitido el decreto constitucional 49/2023, que ordenó la extensión de mandato más allá de lo establecido en la Carta Magna.
En el Memorial también Saucedo solicita a la Fiscalía "la medida cautelar de activación de la alerta migratoria contra los denunciados".
Saucedo ya pidió la renuncia de los "autograbados" al considerar que han convertido al TCP en una de las "instituciones que han causado daño al país y a su democracia".
Su iniciativa ya recibió el apoyo de los presidentes del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental, además de varios políticos.
Los "autoprovoristas" han sido criticados no sólo por ampliar su mandato, sino también por suspender parcialmente las elecciones judiciales en cinco departamentos. También fueron acusados de cooperar con el gobierno de Luis Arce para dejar sin efecto las interpelaciones a ministros y quitarle las siglas del MAS al ala “Evista” para dársela al “arcismo”.
Fuente: Erbol | Seguridad
