Reforma electoral: Una mejor cobertura electoral requiere información oportuna, reglas claras y garantías para el periodismo
¿Cómo garantizar que la ciudadanía reciba información clara, oportuna y confiable durante las elecciones? Para Fundación Jubileo y de acuerdo a lo trabajado con periodistas de medios e independientes, una parte fundamental de la respuesta está en mejorar las condiciones en las que trabajan los periodistas, facilitar el acceso a la información electoral y fortalecer la comunicación de las instituciones responsables de organizar los comicios.
A partir de espacios de diálogo realizados durante 2025 y 2026, y en el marco de la reforma electoral iniciada por el Tribunal Supremo Electoral, Fundación Jubileo sistematizó las preocupaciones y propuestas de periodistas de diferentes regiones del país. El resultado es una agenda ciudadana que identifica los principales obstáculos para una cobertura electoral de calidad y plantea medidas para mejorar la información pública, la formación periodística y la cooperación entre los distintos actores.
Sin embargo, esta agenda aún será discutida en el encuentro internacional previsto para el 11 y 12 de noviembre en Cochabamba -al que asistirán especialistas nacionales e internacionales para debatir considerando experiencias comparadas de la región-, y en mesas ciudadanas de diálogo nacional y territorial previstas para 2027. En su versión actual, el documento señala que informar sobre las elecciones depende también de la preparación de los periodistas, de instituciones que respondan oportunamente, normas comprensibles, procedimientos transparentes y condiciones adecuadas para ejercer el trabajo periodístico con independencia.
Acceder a la información electoral sigue siendo un desafío
Uno de los principales problemas identificados es la dificultad para acceder a información electoral completa y oportuna. En ocasiones, los medios de llegada nacional tienen mayores posibilidades de obtener información y acceder a las autoridades, mientras que los medios regionales, comunitarios e independientes enfrentan más obstáculos.
Esta situación puede dificultar la cobertura de las elecciones en municipios y comunidades alejados de las principales ciudades, donde las distancias, los recursos limitados y los problemas de conectividad también condicionan el trabajo periodístico.
Frente a este panorama, se propone mejorar los canales de atención a periodistas, identificar a los responsables de responder consultas y establecer plazos de respuesta. También se plantea mantener actualizada la información sobre calendarios, normas, procedimientos, estadísticas y resultados electorales, de manera que pueda consultarse fácilmente.
El objetivo es que los periodistas de todo el país puedan acceder a información pública en condiciones más equitativas, sin que el tamaño o la ubicación de un medio determinen sus posibilidades de informar.
Reglas claras para evitar confusiones y dar seguridad al trabajo periodístico
Otro de los temas identificados es la necesidad de contar con reglas electorales claras y conocidas con anticipación. Las dudas sobre el silencio electoral, las restricciones a la propaganda, la publicidad en plataformas digitales y el régimen de sanciones pueden generar incertidumbre en los medios.
Por ello, la agenda propone difundir guías prácticas que expliquen las normas y las obligaciones aplicables durante las distintas etapas del proceso electoral. También plantea revisar las dificultades relacionadas con la aplicación de sanciones y precisar cómo se aplican las reglas a la publicidad digital y a los contenidos difundidos en internet. Estas medidas deben distinguir claramente entre la propaganda electoral y el trabajo periodístico. La regulación de las campañas no debe convertirse en una restricción indebida a la información, la opinión o la libertad de expresión.
Capacitación permanente, no solo antes de las elecciones
La cobertura electoral exige conocimientos específicos para explicar las reglas de votación, interpretar actas, comprender el cómputo de resultados y verificar la información que circula durante las campañas.
Los periodistas participantes señalaron la importancia de contar con oportunidades permanentes de formación, en lugar de depender únicamente de talleres organizados poco antes de las elecciones. La propuesta es desarrollar programas de capacitación accesibles, con modalidades presenciales y virtuales, materiales gratuitos y contenidos actualizados. También se plantea promover la cooperación entre el Órgano Electoral, las universidades, las organizaciones periodísticas y las entidades especializadas. La formación debe llegar a periodistas de distintos tipos de medios y regiones, incluidos quienes trabajan en áreas rurales o alejadas de las principales capitales.
Frente a la desinformación, más verificación y mejor información oficial
La circulación de contenidos engañosos es otra preocupación central. Las redes sociales y las nuevas herramientas digitales facilitan la difusión rápida de información falsa o manipulada. A esto se suma el uso de inteligencia artificial para producir imágenes, audios y videos que pueden atribuir falsamente declaraciones o acciones a personas e instituciones.
Frente a este escenario, la agenda propone fortalecer las capacidades de verificación de los periodistas, promover la alfabetización mediática y establecer alianzas con universidades, medios de comunicación, verificadores independientes y organizaciones especializadas. También plantea que las instituciones electorales mejoren la rapidez y claridad con la que aclaran información incorrecta sobre fechas, procedimientos, candidaturas, votación y resultados que sean de su competencia.
Sin embargo, la respuesta frente a la desinformación debe tener límites claros. Combatir la información falsa no significa otorgar al organismo electoral el poder de controlar lo que publican los medios o decidir sobre sus contenidos editoriales. La cooperación debe fortalecer la información verificable, respetando la libertad de expresión y la independencia periodística.
Mejores condiciones para informar desde todas las regiones
La agenda también llama la atención sobre las dificultades materiales y operativas que enfrentan periodistas y medios durante los procesos electorales. Entre los problemas identificados están los costos de traslado, las dificultades para ingresar a recintos electorales y centros de cómputo, la falta de espacios adecuados para la prensa y las condiciones de seguridad durante la cobertura. También se señalaron desigualdades relacionadas con los recursos destinados a publicidad electoral y retrasos o pagos parciales a medios regionales.
En relación con la acreditación periodística, surgieron diferentes propuestas: desde revisar y fortalecer los mecanismos existentes hasta simplificarlos o eliminarlos. Por ello, el documento plantea que cualquier decisión debe partir de una evaluación de los procedimientos actuales y de un diálogo con periodistas, medios y organizaciones gremiales.
Cooperación sin afectar la independencia periodística
Las propuestas recogidas también destacan la importancia de fortalecer la coordinación entre el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales, los medios de comunicación, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil. La agenda propone evaluar qué mecanismos resultan más adecuados en cada caso, con objetivos definidos, responsabilidades claras y resultados verificables.
Esta cooperación debe ser plural y transparente, permitir la participación de medios nacionales, regionales, comunitarios, independientes y digitales, y respetar la autonomía editorial. Participar en estos espacios no debe convertirse en una condición para acceder a información pública ni generar relaciones de subordinación entre las instituciones y los periodistas.
El desafío de la reforma electoral es convertir las propuestas en mejoras concretas
Con el propósito de contribuir al proceso de reforma electoral desde la sociedad civil, Jubileo organiza las propuestas en siete temas estratégicos: acceso a la información electoral; seguridad jurídica y claridad de las normas; formación periodística; comunicación institucional; respuesta frente a la desinformación; condiciones de trabajo y garantías para el ejercicio periodístico; y coordinación entre los actores del ecosistema informativo.
El documento plantea que algunas medidas pueden impulsarse mediante mejoras en los procedimientos institucionales, programas de capacitación y acuerdos de cooperación. Otras requieren una revisión jurídica o la intervención de distintas autoridades. El siguiente paso consiste en definir prioridades, responsables, plazos y formas de evaluar los avances, de modo que las propuestas no queden únicamente en declaraciones generales y formen parte de la propuesta que será entregada el próximo año a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración y debate legislativo.
Fuente: Erbol
