Santa Cruz y el Chapare son centros de acopio de droga ante la debilidad del Estado, según expertos
Expertos en criminología e investigación criminal advirtieron este domingo que Santa Cruz y Chapare se han convertido en importantes centros globales de acopio y distribución de drogas, en un escenario marcado por la debilidad institucional y el avance del crimen organizado en Bolivia.
La advertencia la hizo durante el programa Hagamos Democracia, de la cadena Erbol, donde el criminólogo Christian Sánchez, el exfiscal antidrogas Jodael Bravo y la diputada del PDC Danitza Mejía Figueredo analizaron los criterios de la Fundación Milenio sobre una supuesta captura institucional del Estado para economías ilícitas entre 2006 y 2025.
Sánchez sostuvo que organizaciones criminales como el PCC, Comando Vermelho (CV), Cártel de Aragua y grupos vinculados a estructuras mexicanas tienen presencia en Bolivia desde hace varios años, aunque, según afirmó, durante los gobiernos del MAS se negó reiteradamente su presencia directa y se atribuyó su actividad sólo a emisarios.
El criminólogo señaló que actualmente existe un mayor reconocimiento de la presencia de estas estructuras y que Santa Cruz y Chapare son considerados puntos estratégicos para el acopio y distribución de droga, con conexiones que trascienden las fronteras nacionales.
Manifestó que esta situación se ve favorecida por condiciones de impunidad y corrupción que permiten la expansión de organizaciones criminales vinculadas a actos de violencia y sicariato.
Sánchez también cuestionó que la lucha antidrogas se centre principalmente en la captura de personas que transportan pequeñas cantidades de droga a Brasil, mientras que, según su análisis, no se ha avanzado lo suficiente en la investigación de las grandes estructuras que controlan las redes de producción, recolección, transporte y distribución.
“Son dueños del país, dueños del tema de seguridad del país”, dijo, refiriéndose al poder que, a su juicio, han alcanzado estas organizaciones.
FALTA DE POLICÍA ESPECIALIZADA
Por su parte, el exfiscal antidrogas Jodael Bravo identificó la corrupción como uno de los principales obstáculos para enfrentar el crimen organizado y cuestionó las limitaciones del Estado boliviano para contar con una estructura policial especializada.
Bravo consideró insuficiente desplegar policías sólo cuando hay una ola de sicarios o hechos violentos. Planteó la necesidad de formar grupos especializados en el crimen organizado, con conocimiento detallado de las estructuras criminales que operan en el país, sus integrantes, sus redes y sus mecanismos de financiamiento.
También propuso fortalecer el intercambio de información con países como Brasil, Ecuador, Colombia y México, considerando que el carácter transnacional del narcotráfico obliga a Bolivia a trabajar de manera coordinada con organismos y gobiernos extranjeros.
El exfiscal también señaló la necesidad de revisar la legislación para facilitar las investigaciones contra grandes organizaciones criminales. Mencionó como alternativa la posibilidad de establecer mecanismos que permitan obtener información de miembros de menor rango a cambio de beneficios legales, con el objetivo de llegar a los principales perpetradores de las estructuras criminales.
En ese sentido, advirtió que enviar grupos policiales para realizar operativos temporales no constituye una política sostenible para enfrentar el crimen organizado ni garantiza un control efectivo del territorio.
PLANES DE GOBIERNO CONTRA EL CRIMEN
En tanto, la representante del PDC, Danitza Mejía, informó que el Ministerio de Gobierno propuso tres estrategias: Plan Frontera Segura, Plan Halcón y Plan de Alto Impacto, encaminadas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y los delitos vinculados al narcotráfico.
Mejía señaló que el crecimiento de las estructuras criminales en los últimos años ha incrementado los actos de violencia y sicariato, particularmente aquellos relacionados con ciudadanos extranjeros.
La legisladora destacó las acciones impulsadas por el Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aunque reconoció que los resultados no se pueden lograr de inmediato.
También admitió que las fronteras bolivianas siguen siendo vulnerables, particularmente en los puntos de conexión con Brasil, donde persisten dificultades para garantizar un control efectivo.
Según Mejía, el Plan Frontera Segura busca mejorar la vigilancia y fortalecer la presencia estatal no sólo contra el narcotráfico, sino también contra otros delitos relacionados.
Las advertencias de los expertos vuelven a colocar en el centro del debate la capacidad del Estado boliviano para recuperar el control territorial y enfrentar estructuras criminales que, según denuncian, han dejado de operar únicamente como redes de narcotráfico para extender su influencia hacia la corrupción, la violencia y el sicariato.
Fuente: Erbol | Seguridad
