Cámara de Diputados aprueba en grande ley que regula los estados de excepción
La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó la madrugada de este domingo, en su amplia sesión, el proyecto de Ley 161/2025-2026 para el Reglamento de los Estados de Excepción, ley impulsada en medio de la crisis social que atraviesa el país luego de 37 días de bloqueos de carreteras convocados por la Central de Trabajadores de Bolivia (COB) para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La votación tuvo lugar a las 00:05 horas, tras más de cinco horas de debate parlamentario. Según el informe de la dirección de la cámara, la iniciativa obtuvo más de dos tercios de apoyo, con 86 votos favorables entre los legisladores presentes y conectados virtualmente.
Luego de su aprobación a gran escala, el proyecto deberá continuar su tratamiento legislativo en la etapa de consideración detallada.
La norma, enviada por el Senado para su revisión, desarrolla el artículo 139 de la Constitución Política del Estado y establece los procedimientos, alcances y límites para la declaración de estados de excepción.
Sus objetivos incluyen la preservación del sistema democrático, la seguridad y estabilidad institucional, el mantenimiento del orden público interno y la protección de la población contra amenazas externas, shocks internos o desastres naturales.
El texto define como causas para la declaración del estado de excepción el peligro para la seguridad del Estado, las amenazas externas, las conmociones internas y los desastres naturales. Asimismo, incorpora conceptos como “insuficiencia operativa sobreviniente”, que permitiría la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas cuando la capacidad de respuesta de la Policía boliviana sea insuficiente para controlar situaciones que comprometan la seguridad pública o la estabilidad institucional.
La propuesta también establece que la declaratoria deberá realizarse mediante Decreto Supremo y tendrá una duración máxima de 90 días, con posibilidad de prórroga previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El proyecto señala que, una vez concluido el estado de emergencia, el Poder Ejecutivo deberá informar al Legislativo sobre las causas que motivaron su aplicación y el uso de las facultades extraordinarias otorgadas.
Uno de los aspectos centrales de la ley es la participación coordinada de la Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia en situaciones excepcionales. La ley mantiene a la Policía como principal responsable de la preservación del orden público, pero habilita el apoyo temporal y territorialmente delimitado de las Fuerzas Armadas cuando se determina que la institución policial se ha visto desbordada por una situación de conmoción interna.
El proyecto también autoriza a las fuerzas y cuerpos de seguridad a realizar detenciones temporales de hasta ocho horas por incumplimiento de las disposiciones vigentes durante el estado de emergencia, con posterior traslado a la autoridad competente.
La ley también incorpora una disposición que obliga al Estado a brindar patrocinio legal a policías, militares y servidores públicos que enfrenten investigaciones o procesos judiciales por acciones realizadas durante un estado de emergencia. Sin embargo, excluye de esta protección los casos relacionados con tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y otras violaciones graves de derechos humanos.
La aprobación del proyecto se produce en un contexto de alta tensión política y social, marcado por prolongados bloqueos de carreteras, reclamos cruzados entre oficialismo y oposición, y un creciente debate sobre los alcances de las competencias del Estado para restablecer la circulación, garantizar el suministro de alimentos y preservar el orden público en el país.
Fuente: Erbol
