Caso consorcio: Ninguno de los aprehendidos está en la cárcel, sino internados o en su casa
Tres semanas después de que explota el caso del consorcio, ninguno de los siete detenidos está actualmente en una penalización. Incluso los tres que recibieron detención preventiva y deberían haber sido encarcelados ahora son ingresados en centros médicos.
De los siete detenidos, cuatro recibieron arresto domiciliario y tres detención preventiva.
Los tres que recibieron detención preventiva son el ex ministro César Siles, Exvocal Claudia Castro y el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza.
Siles debe ser enviado a la prisión de Patacamaya, sin embargo, fue ingresado en una clínica. Su abogado informó la semana pasada que el ex ministro intervino quirúrgicamente, debido a un problema colorrectal, y eso requiere curación.
En el caso de Exvocal Castro, a quien incluso fue llevado a la prisión de trabajo, ha sido transferido a un centro médico, debido a su estado de salud marcado por la epilepsia y una imagen de salmonelosis, según su abogado Marco Mostajo.
El abogado MosteJajo dijo que el exvocal requiere monitoreo diario de su salud y que, además, necesita medicamentos que no existirían en Bolivia.
En cuanto al juez Leer Plaza, que debería estar en la prisión de San Pedro, su abogado Zuleika Lanza informó el viernes anterior que fue admitido en su delicado estado de salud, además de sufrir depresión.
El resto de la detención domiciliaria detenida: el magistrado alternativo de la Corte Suprema de Justicia, Iván Campero, ex presidente de la Corte de Justicia departamental, Yván Córdoba, además de un abogado y un ex funcionario judicial.
Cuando se le preguntó acerca de esta situación que ninguno de los involucrados está en la cárcel, el representante del Consejo de Magistratura, Marco Cárdenas, dijo el lunes que corresponde al ministerio público para considerar esta situación y cómo el proceso podría haber afectado la salud de los involucrados.
En este caso, se investiga una red de autoridades, que habría inducido al juez leer Plaza a emitir un fallo para desestimar a un magistrado del TSJ, ilegalmente. Un audio y testimonios indican que el ex ministro y vocales habrían presionado al juez para que llevara a cabo esa acción.
Del mismo modo, se conoce como un fugitivo en este caso, quien fue la persona que presentó el apelación legal en función del cual tenía la intención de suspender al magistrado.
El caso se declara actualmente en una reserva extendida, después de haber colocado un primer término.
Fuente: Erbol
