Defensa legal de comunarios alista informe ante la CIDH sobre vulneraciones en el caso Tariquía
La defensa legal de los afectados por la incursión en la Reserva Tariquía está preparando un nuevo informe que se presentará en las próximas horas antes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR). El documento abordará varias infracciones legales que, según los demandantes, estarían cometiendo al gobierno en su afán de justificar la incursión en el Parque Natural con fines exploratorios de hidrocarburos.
El abogado defensor, Rober Ibarra, lamentó que, en la reciente audiencia otorgada por el IACHR, el piso no se ha dado a más de 20 personas que habían preparado una intervención para observar la falta de cumplimiento con el requisito principal: la consulta antes de las comunidades indígenas que se verían afectadas por la exploración por YPFB.
En ese sentido, Ibarra refutó las declaraciones del embajador de Bolivia ante el OAS, Héctor Arce Zaconeta, quien habría afirmado en la audiencia virtual del 7 de marzo que se había hecho la consulta para permitir la entrada a la reserva de Tariquía.
"No es cierto, no se ha hecho ninguna consulta en general, solo se ha llevado a cabo una consulta entre amigos, si ese término puede usarse, para justificar la entrada a la reserva", dijo Ibarra durante su participación en el programa, tenemos democracia de la red Erbol.
En relación con la queja presentada ante el Ministerio Público contra 28 Comunidad de Chiquiacá por el delito de prevenir el ejercicio de funciones y/o ataques contra la libertad de trabajo, Ibarra enfatizó que el gobierno no podía apoyar su acusación, ya que las víctimas, es decir, los propios funcionarios de YPFB, fueron presentados como testigos en la suposición.
También señaló que los plazos de procedimiento establecidos por el Código de Procedimiento Penal no han sido respetados, ya que la fecha límite para la etapa preliminar de la investigación superó el 21 de diciembre de 2024, pero la oficina del fiscal emitió recientemente una resolución el 13 de enero de 2025, y esto sucedió solo a la demanda de las 25 personas procesadas.
El abogado agregó que, según estas observaciones, se enviará un nuevo informe al IACHR para emitir las recomendaciones correspondientes al gobierno boliviano, que ha firmado el acuerdo de Escazú. Según el bloque de constitucionalidad, este acuerdo es ley en el estado boliviano.
Ibarra indicó que, después de recibir las recomendaciones del IACHR, si el gobierno falla, los mecanismos que podrían tomar el caso ante el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos se analizarán, por lo que dicho tribunal emite una recomendación coercitiva.
Fuente: Erbol
