El caso Beller-Cerimedo puso en evidencia al menos una docena de contradicciones
El proceso de investigación por el atentado contra la abogada Nadia Beller en el hotel Swissôtel enfrenta un panorama complejo. Una revisión detallada de las declaraciones públicas del denunciante frente a los registros oficiales del caso revela un conjunto de al menos una docena de contradicciones e inconsistencias.
Estos contrastes, que van desde los informes médicos hasta la cronología de la ayuda, ponen en duda la veracidad de las acusaciones.
Uno de los puntos más llamativos de la investigación es la discordancia temporal del suceso.
Beller afirmó ante los medios que, tras sufrir el ataque armado, simuló su muerte durante aproximadamente 30 minutos para evitar que los agresores remataran con ella.
Sin embargo, el informe técnico del capitán José Argandoña, jefe médico del servicio de ambulancias del MIA, certifica que la llamada de auxilio se produjo a las 20.34 horas. A su vez, las cámaras de seguridad del hotel registraron el tiroteo a las 20.37 horas. Esta diferencia de minutos revela que oficialmente se solicitó ayuda tres minutos antes de que ocurriera el presunto ataque.
A esta inconsistencia se suman las discrepancias respecto del daño físico recibido.
En entrevista con DTV, Beller afirmó categóricamente que recibió “al menos cuatro impactos de bala” y que el personal médico de emergencia confirmó esa cantidad de disparos.
Sin embargo, los informes de la intervención quirúrgica en la Clínica Metropolitana de Las Américas y el diagnóstico del IDIF determinaron por unanimidad que la víctima recibió tres impactos. Los cirujanos retiraron exactamente tres proyectiles de calibre 9 mm de la región del pecho, zona donde la víctima sólo usó tres parches médicos en sus posteriores apariciones televisivas.
PAPEL DEL ESTADO
Beller aseguró que acudió a la cita del Swissôtel porque su expareja, Fernando Cerimedo, le garantizó que contaba con escolta policial para protección. Sin embargo, en su propio relato detalló que asistió a la reunión luego de ser contactada por personas de identidad desconocida a través de un número anónimo de WhatsApp (“E. Huanca”), y admitió que nunca supo quién proporcionó su número telefónico a estos intermediarios.
Asimismo, Beller denunció que existe un “encubrimiento institucional” pero se contradijo con sus propias declaraciones. El activista acusó al Gobierno, a la Policía y a la Fiscalía de "encubrir" una agresión física previa atribuida a Cerimedo.
Sin embargo, en el mismo comunicado reconoció que las autoridades policiales y el Ministerio Público acudieron inmediatamente a su domicilio para auxiliarla tras ser alertados por un periodista.
El operativo no tuvo éxito porque ella misma tomó la decisión de no abrir la puerta, según ella misma reveló, lo que impidió el trabajo investigativo de las autoridades.
Asimismo, denunció que el Gobierno busca silenciarla. Pero hasta ahora se sabe que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, ordenó la detención casi inmediata del sospechoso y solicitó una investigación exhaustiva y sin injerencias.
Al mismo tiempo, la supuesta “mordaza de prensa” que denunció la activista se ve distorsionada por la masiva cobertura nacional e internacional de sus declaraciones en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales.
CORRUPCIÓN
El origen de la información sobre presuntos actos de corrupción estatal es otro de los aspectos cuestionados del caso. El 18 de agosto, Beller declaró a los medios que "trabajó con ellos" y que fue testigo directo de las supuestas negociaciones.
Sin embargo, días después modificó su postura en su muro de Facebook: “Lo que sé de determinadas circunstancias lo sé de manera referencial, porque me lo expresó el propio Fernando Cerimedo”.
ASPECTOS PENDIENTES
A la fecha el caso mantiene vacíos de alta relevancia para el debido proceso. Los autores materiales del ataque (los presuntos sicarios) siguen prófugos y aún no se ha difundido el peritaje final de balística de la escena del crimen.
Fuente: Erbol
