El caso Zegarra reinstala el debate sobre transfugio en la nueva Asamblea Legislativa
Luego de los cuestionamientos del diputado potosino Edgar Zegarra, electo por la alianza Libre contra Jorge “Tuto” Quiroga para el nombramiento directo de los dirigentes del partido, se abrió el debate sobre el transfugio político y los actos de indisciplina, figuras consideradas por el Reglamento General de Debates de la Cámara de Diputados como una falta de lealtad institucional y partidista.
Fuentes libres informaron que, tras la polémica pública, Zegarra evita atender llamadas de la alta dirigencia, quienes buscan conocer su postura oficial, aunque en entrevistas con la prensa, el legislador negó que vaya a abandonar el partido, lamentando que en “Libre no se practica lo que se predica”, algo similar a la situación del “diablo predicando la religión”.
El diputado reelecto Carlos Alarcón aclaró que “no todas las discrepancias tienen que ver con el transfugio” que se configura “cuando diputados o senadores se pasan o apoyan a otra fuerza política por prebendalismo o cuando asumen directivas como si fueran parte del oficialismo, tal como sufrió la bancada de Comunidad Ciudadana”.
En la legislatura anterior, tanto el MAS como Comunidad Ciudadana vivieron episodios similares, sin llegar a activar procesos sancionatorios ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Según la normativa vigente, las denuncias por transfugio deben ser atendidas primero por las comisiones de ética de los partidos, y en última instancia pasar al Tribunal Supremo Electoral, que sentó jurisprudencia en Santa Cruz, sancionando con la pérdida de sus escaños a los concejales Silvana Mucárzel e Israel Alcócer por desviarse de los lineamientos de la UCS, fuerza política con la que fueron electos.
El miembro del TSE, Tahuichi Tahuichi, recordó que este tipo de sanciones aplican únicamente a los órganos deliberantes, con el propósito de preservar la disciplina interna de los partidos.
En el ámbito legislativo, el Reglamento de Diputados (artículo 82) establece que cualquier acción independiente rompe la representación institucional. En el Senado, el artículo 27 de su reglamento establece que la pérdida de esa representación implica la pérdida de un escaño.
La Ley de Partidos Políticos, en su artículo 38, define transfugio como la adopción pública de posiciones contrarias a los principios y programa de la organización que nombró al representante. El artículo 39 refuerza que todo espacio electivo pertenece a la organización política que lo ganó en las elecciones.
A nivel constitucional, el artículo 11, fracción II, numeral 3 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la democracia se ejerce mediante la democracia representativa y bajo esta interpretación, el transfugio representa una traición al voto ciudadano.
Sin embargo, juristas y analistas advierten que estas restricciones entran en tensión con los derechos políticos individuales, reconocidos por los tratados internacionales de derechos humanos que integran el bloque constitucional boliviano.
Según estas voces, la sanción por transfugio podría violar el derecho a la libre expresión y asociación política, ya que estos sólo pueden ser limitados en el marco de un proceso penal.
El caso Zegarra, más allá de su ámbito interno en Libre, vuelve a poner sobre la mesa una vieja discusión sobre los límites entre disciplina partidaria y libertad de conciencia en el ejercicio del mandato parlamentario.
La bancada Libre ha propuesto un pacto contra el transfugio, pero aún no ha tenido respuesta de otras bancadas como el PDC, Alianza Unidad, APB-Súmate, Alianza Popular y el MAS para que no sufran actos similares de rebelión por parte de sus diputados y senadores.
Fuente: Erbol
