El TCP admite recurso en favor de defensores del territorio de Zongo que sufren persecución de la minería
UNITAS
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió a trámite un recurso de conflicto de competencia interpuesto por defensores indígenas del territorio de Zongo, en el departamento de La Paz, quienes sufren persecución judicial por parte de una empresa minera que contamina su territorio.
Tras siete meses de espera, el TCP notificó a los indígenas la admisión de este recurso, que busca garantizar el ejercicio de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC) que, en el caso de Zongo, determinó en 2012 la expulsión del empresario minero Oscar Bellota, por tráfico y despojo de tierras, contaminación del medio ambiente y división de las organizaciones del lugar.
Pese a la decisión de la JIOC Zongo, respaldada por dos sentencias del TCP de 2014 y 2019, el empresario minero no abandonó el lugar, continúa con las actividades extractivas a través de la cooperativa 28 de Octubre y, por el contrario, promovió acciones penales contra líderes y autoridades indígenas de la comunidad Cahua Chico de Zongo, donde se encuentran las tres minas que explota.
“Han admitido nuestro recurso, ya nos notificaron con la orden constitucional. Con esta notificación de admisión damos un paso más en la defensa de los pueblos indígenas y nuestro territorio indígena. La cooperativa 28 de Octubre ha hecho un daño y abuso total a los comuneros, los ha despojado y desalojado de sus tierras”, declaró uno de los jueces de la JIOC Jisk’aQ’awa de Zongo.
Fernando Pérez, comunero y defensor de este territorio, mencionó en junio de 2023, en el marco del pre-FOSPA realizado en el municipio de Rurrenabaque, Beni, que la lucha de la comunidad Cahua Chico de Zongo ha llevado a que 42 indígenas sean perseguidos judicialmente por el empresario minero en los últimos años.
La última denuncia contra las autoridades indígenas se presentó en 2023, tras el enfrentamiento entre comuneros de Cahua Chico y mineros cooperativistas tras una limpieza que realizaron los primeros en su territorio. La reyerta se saldó con nueve detenciones de los pobladores, quienes fueron enviados al penal de San Pedro de La Paz. Ningún cooperativista minero fue detenido, pese a la denuncia de los comuneros de que fueron atacados con explosivos.
“Hemos tenido a nueve hermanos en la cárcel acusados, y esas familias, madres y niños que han llorado, que han quemado sus casas y han volado sus puentes en Zongo, no hay justicia”, declaró otra de las autoridades indígenas, que prefirió mantener su nombre en reserva para evitar más represalias por parte de la cooperativa minera.
Tras este hecho, el representante de la cooperativa 28 de Octubre, Mario Cutile, instauró un proceso contra los dirigentes y autoridades indígenas de la comunidad Cahua Chico de Zongo por los delitos de usurpación y otros, por los que fueron imputados y corren el riesgo de ser detenidos.
Tras la admisión del recurso de conflicto de competencia por parte del TCP, los defensores del territorio Zongo esperan que la justicia ordinaria decline su competencia y permita que este asunto sea resuelto y atendido por la JIOCZongo, en el marco de la igualdad jerárquica establecida en la Constitución Política del Estado, que garantiza que las naciones y pueblos indígenas puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales y jurisdiccionales a través de sus autoridades y la aplicación de sus propios principios, valores culturales, normas y procedimientos.
Fuente: Erbol | Seguridad
