Empresarios cuestionan propuesta de diferir cobro de servicios básicos
Este lunes, gremios empresariales expresaron sus observaciones ante la eventual aprobación de un decreto que prevea el diferimiento del pago de servicios básicos, al considerar que una medida de este tipo podría afectar la estabilidad financiera de las empresas proveedoras.
Las declaraciones surgen luego de que el Gobierno revelara que analizaba el aplazamiento del pago de servicios como medida de alivio económico, debido al impacto de los cortes de carreteras.
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) expresó su "firme rechazo" a cualquier disposición que transfiera al sector privado el costo de una crisis que "no provocó".
La entidad sostuvo que las empresas ya han enfrentado pérdidas por más de $3 mil millones durante los 53 días de bloqueos y que actualmente continúan cumpliendo con obligaciones como el pago de salarios, impuestos, créditos y proveedores.
Según la organización, obligar a las empresas a financiar un aplazamiento de pagos pondría en riesgo su liquidez, la continuidad de los servicios y miles de fuentes de empleo. Asimismo, afirmó que las políticas de protección social corresponden al Estado y no deben ser financiadas por el sector privado.
Por su parte, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) indicó que entiende la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para aliviar la situación de las familias afectadas por la reciente situación política, pero advirtió que estas deben diseñarse bajo criterios de equilibrio, responsabilidad y sostenibilidad.
Según la organización, una parte importante de los servicios básicos es gestionada o prestada por empresas privadas y cooperativas, por lo que cualquier decisión que limite el flujo financiero de estas entidades podría afectar su capacidad operativa y comprometer la calidad y continuidad de los servicios.
La CEPB también sostuvo que el sector privado enfrenta desde hace varios años los efectos de la crisis económica y los conflictos sociales, manteniendo la responsabilidad de preservar el empleo, aportar recursos al Estado y garantizar el suministro de bienes y servicios.
En ese contexto, la entidad solicitó que las decisiones para enfrentar la actual situación económica sean coordinadas, apoyadas técnicamente y consensuadas con todos los sectores y regiones, evitando medidas que, como indicó, beneficien a unos actores en detrimento de otros.
Fuente: Erbol
