Asociaciones de periodistas denuncian escalada de violencia ante organismos internacionales
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) enviaron una comunicación formal al Relator de las Naciones Unidas para la Promoción y la Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Irene Khan, y al Rapporto Especial por la Libertad de Expresión del IACH enero y junio de este año.
Denuncian un clima de hostilidad y violencia sostenida contra los periodistas, con al menos 51 violaciones directamente vinculadas al proceso electoral y la crisis económica, de acuerdo con los datos documentados por el Observatorio de Defensores y Defensores de los Derechos de Unidad que muestran un patrón de violencia ejercido por los sectores sociales relacionados con el ex presidente Evo Morales, en el marco de las mobilizaciones de la Unidad como un candidato ejercido.
Como se detalla, en La Paz, varios periodistas, incluidos los corresponsales internacionales, resultaron heridos durante una marcha, en la que también hubo excesos de la policía con el uso de gas y balines hacia los reporteros. Casos similares ocurrieron en Sipe Sipe, Alto y Llallagua, donde los periodistas fueron golpeados, solicitados y amenazados, y fueron atacadas las instalaciones de radio locales.
Según los datos del observatorio, entre 2022 y 2024, la libertad de prensa se posicionó como la segunda categoría con el mayor número de registros de violación (495 casos), solo detrás de la institucionalidad democrática. También es la libertad fundamental más afectada entre la cual el observatorio monitorea. La libertad de prensa fue la segunda categoría de ley más violada en Bolivia en ese período.
"No se trata de hechos aislados o a corto plazo. Existe una tendencia sistemática de censura, violencia y criminalización del ejercicio periodístico que exige acciones urgentes del estado boliviano", dice el informe aprobado por más de 50 delegados que participaron en la conferencia nacional de asociaciones de periodistas.
El informe también alerta sobre una dimensión preocupante de la violencia de género contra las mujeres periodistas, atacadas verbal y físicamente con tintes sexistas, en ciudades como Desaguadero, Yapacaní y Santa Cruz.
Además, se denuncia la participación directa o permisiva de los actores estatales en la estigmatización de la prensa y los funcionarios locales y las autoridades locales han emitido clasificatorios como "prensa vendida" o "mentirosa", lo que refuerza un clima de desacredit que fomenta la hostilidad y la impunidad de los alimentos.
Dada esta situación, el ANPB y el ACPI han solicitado tanto al Relator Especial de la ONU como al Relator Especial del IACHR que llevan a cabo un monitoreo riguroso y sostenido de la situación de libertad de prensa en Bolivia. "La ausencia de acciones estatales, ya sea preventiva, de investigación o sanción, configura una omisión agravada y una violación del deber de garantía consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos", dice el informe.
También expresa la preocupación por el silencio institucional contra la violencia contra la prensa y llama a la comunidad internacional para mantener su atención sobre Bolivia. No puede haber democracia sin libertad de prensa, y no puede haber libertad de prensa sin garantías estatales para su ejercicio seguro y sin represalia, enfatiza.
Fuente: Erbol
