Cancillería responde a la CIDH e insta a una evaluación equilibrada sobre las afectaciones de los bloqueos
En respuesta al pronunciamiento emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el conflicto en Bolivia, la Cancillería instó este miércoles a que cualquier evaluación incorpore de manera “equilibrada y completa” los efectos humanitarios derivados de los prolongados bloqueos,
La cartera de Estado valoró que la CIDH haya reconocido expresamente que los bloqueos prolongados afectan los derechos fundamentales de la población, particularmente en el acceso a la salud, alimentos, medicamentos, combustible, libre circulación y otros servicios esenciales.
Sin embargo, la Cancillería consideró necesario que cualquier evaluación de la situación incorpore las consecuencias humanitarias de los bloqueos, así como los resultados de las investigaciones oficiales en curso, a fin de contribuir a una comprensión integral de los hechos.
Según la Cancillería, los bloqueos sostenidos desde mayo de 2026 han generado severas restricciones al suministro de alimentos, combustible e insumos médicos; Han dificultado el traslado de pacientes, personal sanitario y ambulancias; El suministro de oxígeno medicinal a los centros hospitalarios se vio comprometido y la movilidad de miles de ciudadanos se vio afectada.
Recordó que los derechos humanos "no pertenecen exclusivamente a quienes protestan ni exclusivamente a quienes ejercen la autoridad. También pertenecen a las familias que esperan una ambulancia, a los pacientes que requieren oxígeno y medicamentos, a los trabajadores que necesitan viajar, a los productores que abastecen los mercados, a los niños que requieren atención médica y educación, y a todos los ciudadanos que tienen derecho a vivir en paz y dignidad".
La CIDH había señalado que el Estado debe tolerar cierto nivel de afectación a la vida por la protesta social. Sin embargo, también reconoció que los bloqueos prolongados pueden causar graves efectos en el ejercicio de otros derechos, especialmente cuando impiden el acceso a servicios de salud, alimentos o suministros esenciales.
En este contexto, el Gobierno boliviano reiteró que reconoce y respeta plenamente el derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión, aunque advirtió que el ejercicio de estos derechos debe desarrollarse en armonía con los derechos fundamentales de terceros y no puede conducir a acciones que causen daños graves y desproporcionados a la población.
El Estado también expresó preocupación por los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones, incluyendo aquellos que afectaron a personas en situación de vulnerabilidad, personal de salud, periodistas, transportistas, servidores públicos y ciudadanos ajenos al conflicto.
Asimismo, expresó su preocupación por el uso de dinamita y otros materiales explosivos en vías y tranques, al considerar que representan un grave riesgo para la vida, integridad física y seguridad de las personas.
Fuente: Erbol
