Fiscalía acusa formalmente al exministro Siles y otros implicados del caso consorcio: pide sentencia de 10 años
Luego de haber concluido la investigación, la Fiscalía de La Paz ha presentado acusaciones formales contra el exministro de Justicia, César Siles, ex autoridades judiciales y otros involucrados en el caso denominado consorcio.
La acusación es por los delitos de tráfico de influencias, consorcio y organización criminal.
El fiscal Miguel Cardozo informó que se solicita una pena de 10 años de prisión para el imputado, teniendo en cuenta que es la pena máxima por el delito de consorcio.
El caso estalló a mediados de 2025, cuando se descubrió el complot para destituir de su cargo a la jueza del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
Según la investigación, el consorcio habría presionado al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, para que determine la destitución de Coaquira a través de una Acción de Cumplimiento, para que asuma su sustituto Iván Campero. Meses después, la jueza Lea Plaza se quitó la vida.
Entre los imputados se encuentran ex autoridades judiciales que habrían participado en el diseño del plan y presionando al juez para ejecutarlo, además de las personas que presentaron la Acción de Cumplimiento para destituir al juez Coaquira.
Los imputados son el exministro de Justicia, César Siles; los ex vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova y Claudia Castro; el juez suplente del TSJ, Iván Campero; el funcionario que habría dirigido el sorteo del caso; además de Oscar Antonio Amelunge y el abogado que presentó la Acción de Compliance.
La pieza clave del caso es un audio donde se escucha al entonces Ministro Siles ofreciendo garantías a la jueza Lea Plaza para llevar adelante el plan. El fiscal Miguel Cardozo indicó que a las grabaciones se les realizó un peritaje y se corroboró como ciertas las conversaciones.
Con la acusación formal, corresponde ahora a un tribunal de sentencia fijar la apertura del juicio.
Acuerdos rechazados
El exministro Siles y el exdiputado Córdova llegaron a un acuerdo con el juez Coaquira, a través de su abogado, para una indemnización a cambio de retirar la acción penal en su contra; sin embargo, el documento fue rechazado por el Ministerio Público.
El fiscal Cardozo justificó que el acuerdo ha sido respetado, porque no contaba con la firma del magistrado víctima de este caso.
Un detenido y un prófugo
Por este caso, sólo la exdiputada Claudia Castro se encuentra recluida preventivamente en el penal de Obrajes.
En cuanto al resto de implicados, tienen medidas alternativas excepto Antonio Amelunge, que se encuentra prófugo de la justicia y buscado. A pesar de su ausencia, está acusado de ir a juicio.
Fuente: Erbol | Seguridad
