Más de cien instituciones apoyan la ley de debate presidencial obligatorio

Más de cien redes, instituciones, grupos y activistas expresaron su apoyo al proyecto de ley enviado por el Tribunal Electoral Supremo (TSE), que propone la modificación parcial de la Ley No. 26 para establecer el debate electoral público y obligatorio entre los candidatos presidenciales. La iniciativa busca promover la reflexión de los ciudadanos sobre las propuestas programáticas y fortalecer el ejercicio del voto informado.

A través de un pronunciamiento público, los firmantes enfatizaron que la medida es parte de los estándares del sistema de derechos humanos interamericanos, que promueve la libre circulación de ideas, opiniones e información sobre los candidatos y sus capacidades durante el período electoral. En ese sentido, destacaron que el debate obligatorio contribuiría a la consolidación de la democracia y permitiría a los ciudadanos evaluar críticamente las propuestas y posiciones de los solicitantes de la presidencia.

También enfatizaron que la sociedad civil organizada ha promovido durante años la demanda de una mayor transparencia en los procesos electorales, promoviendo espacios de confrontación ideológica y exposición de los planes gubernamentales. Según los grupos que apoyan la iniciativa, las regulaciones garantizarían que los votantes accedan a la información relevante sobre las posiciones de los candidatos en temas de interés nacional, especialmente en relación con los sectores de derechos humanos y prioritarios.

El pronunciamiento también subraya la importancia del intento de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Perdería una oportunidad clave para fortalecer la cultura democrática en el país y decepcionar las expectativas ciudadanas sobre el derecho a una votación informada.

Los firmantes pidieron a los legisladores que actúen con responsabilidad y compromiso con esta propuesta, destacando que el debate electoral obligatorio es una práctica consolidada en varios países de la región. Dentro de ese marco, reiteraron que su implementación en Bolivia representaría un avance significativo en la calidad de la democracia, garantizando el acceso a la población a información esencial sobre aquellos que aspiran a la representación máxima del estado.

Fuente: Erbol