Revelan que el caso Laguna Corazón se definió en EE.UU. en una reunión de los “autoprorrogados”
El exdirector de Tierras del gobierno de Evo Morales, Wilber Villca López, reveló este domingo que el caso de la propiedad de 33 mil hectáreas de terreno en la zona de Laguna Corazón, ubicada en la reserva forestal de Guarayos, se definió en una reunión celebrada en Estados Unidos entre los ex magistrados autoprolongados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Iván Espada y Gonzalo Hurtado, y el representante de la familia Marinkovic, Branko Marinkovic, actual Senador por Santa Cruz.
La revelación surgió durante una entrevista concedida a Evo Morales en su programa dominical transmitido desde el Chapare, en la que Villca López comentó sobre su reciente libro Tierras y Agropoder, que aborda la titulación de tierras otorgadas durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Añez a empresarios y ganaderos, principalmente del Beni.
En medio de la conversación, Morales recordó que uno de los casos "más escandalosos" vinculados a la tierra es precisamente el de la familia Marinkovic y cuestionó la gestión del presidente Luis Arce, señalando que, a través de la Fiscalía General del Estado, "en lugar de pelear por la propiedad, terminaron consolidando las 33 mil hectáreas".
Villca explicó que, tras conocer un fallo del TCP favorable a la familia Marinkovic, el Tribunal Agroambiental continuó anulando los resultados del proceso de saneamiento por detección de irregularidades. Sin embargo, el afectado volvió a acudir a la Corte Constitucional y, según informó, “Branko Marinkovic siempre se hace la víctima porque dice: ‘el centralismo viola mis derechos, soy un perseguido político'”, argumento que llevó a que el TCP, con la participación de los ex magistrados autodesignados Iván Espada y Gonzalo Hurtado, le otorgara la tutela, pese a las reiteradas observaciones del Tribunal Agroambiental.
Ante esto, Morales comentó: “Iván Espada y Gonzalo Hurtado, no creo que sea gratis”, a lo que Villca respondió: “Algo hay, presidente, y no hay por qué tenerle miedo”. Luego reveló una información que, según dijo, le fue proporcionada por un ex director retirado: "El viaje de estos dos señores y el viaje de Branko Marinkovic a Estados Unidos es sospechoso. Los viajes coinciden y a los pocos días aparece la tutela de estos dos señores favoreciendo a Branko Marinkovic. Los dos viajes coinciden y días después la tutela salió a favor de Branko".
Asimismo, Villca denunció que durante el gobierno de Luis Arce ni el Ejecutivo ni el INRA realizaron una defensa efectiva de las 33 mil hectáreas en disputa, ya que las respuestas del Estado se limitaron a señalar que “nos referimos a los antecedentes del proceso de saneamiento dictado a su despacho”.
Para el autor del libro llama la atención que los mismos funcionarios de la administración de Jeanine Añez –que consolidaron las tierras a favor de la familia Marinkovic– fueron quienes luego representaron al Estado durante la administración de Luis Arce y el propio INRA.
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Por su parte, el investigador Gonzalo Colque indicó que, si bien la Corte Constitucional ordenó en su momento que el INRA revise su actuación, esta entidad constató que el inmueble no puede consolidarse plenamente como propiedad privada. Precisó que solo corresponde una titulación parcial: 3.000 hectáreas en el caso de Laguna Corazón y 5.000 hectáreas en Tierras Bajas del Norte, mientras que el resto debe ser reconocido como suelo fiscal.
Colque consideró que, en el actual contexto político, el caso Laguna Corazón debe resolverse sin ningún tipo de intromisión y propuso como primera tarea la institucionalización del INRA, mediante la designación de un director nacional titular de una terna elegida por la Asamblea Legislativa.
Agregó que también es necesario sacar al INRA de la custodia de cualquier Viceministerio o Ministerio y devolverle su carácter de entidad con autonomía de gestión, ya que de lo contrario significa desconocer el régimen agrario y podría generar precedentes que conduzcan a nulidades o defectos en los procesos de titulación.
Finalmente, afirmó que la Corte Constitucional no es la instancia más adecuada para resolver este tipo de conflictos, dado que el régimen agrario tiene sus propias instituciones y procedimientos. Sin embargo, señaló que el Parlamento puede ejercer su función de supervisión y formar una comisión para monitorear el proceso de saneamiento en esta área.
Colque también advirtió que la presencia de Branko Marinkovic en su calidad de primer senador por Santa Cruz representa un riesgo de injerencia política, debido a su jerarquía, que podría derivar en tráfico de influencias para presionar a las autoridades agrarias y lograr resoluciones favorables que consoliden la titulación definitiva de la propiedad a favor de esta familia.
Fuente: Erbol
