Diputada de Libre pide al presidente del TSJ pronunciarse sobre la acción popular contra una encuesta

La diputada cruceña por la alianza Libre, Patricia Arancibia, pidió este domingo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, pronunciarse sobre la acción popular que derivó en la suspensión de la difusión de encuestas electorales, al considerar que la medida podría contradecir compromisos institucionales asumidos para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.
Arancibia sostuvo que el pronunciamiento es necesario a la luz del acuerdo firmado el 15 de enero de 2026 entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), encaminado a “Fortalecer el Sistema Democrático”. Este compromiso estableció, entre otros puntos, “la no injerencia de los órganos judiciales a través de medidas cautelares” que puedan afectar el desarrollo de los procesos electorales, reconociendo al TSE como la máxima autoridad en la materia.
En ese contexto, el legislador también denunció que un consorcio jurídico vinculado a un candidato a Gobernador de Santa Cruz habría impulsado el recurso de acción popular para frenar la difusión de encuestas de preferencia ciudadana, horas antes del debate electoral entre Otto Ritter y Juan Pablo Velasco.
Señaló que su organización respeta el trabajo de los medios de comunicación, especialmente cuando operan bajo las normas del TSE, pero cuestionó el uso de recursos judiciales para “obstaculizar el proceso democrático” en una etapa decisiva. “Rechazamos enfáticamente la intromisión de la justicia en el Órgano Electoral, porque no es nada saludable”, afirmó.
Asimismo, pidió a Saucedo aclarar si la medida responde a una decisión institucional o a una acción individual. “Que digan si este es un acto aprobado por la Corte o es un acto unilateral de un juez que está manipulando un proceso electoral que debe ser transparente”, dijo.
La polémica surge luego de que el juez mixto de El Torno, Diego Campero García, otorgara una medida cautelar dentro de una acción popular presentada por María Elena Aramayo Quinteros, ordenando a la cadena Unitel suspender la difusión de encuestas previstas para la noche del debate electoral.
Arancibia advirtió que, de confirmarse irregularidades, su partido impulsará acciones legales ante el Ministerio Público contra los responsables, a quienes acusó de actuar de manera “fraudulenta y antidemocrática”. También anunció la presentación de solicitudes de informes al TSJ y al TSE para aclarar el alcance de la decisión judicial y su impacto en el derecho a la información.
Fuente: Erbol