En audiencia por incendios forestales, conceden tres medidas cautelares a instancia de la Defensoría del Pueblo
A solicitud de la Defensoría del Pueblo, la Segunda Sala Constitucional otorgó tres medidas cautelares para proteger a los animales, a los pueblos indígenas desplazados y al pueblo indígena Ayoreo, quienes se encuentran en situación de aislamiento voluntario y se desconoce el grado de afectación que sufrió el incendio.
El profesional de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Adrián Zárate, explicó que estas medidas cautelares obligan al Estado a garantizar la salud y alimentación de los pueblos indígenas que tuvieron que salir de sus comunidades y se encuentran desplazados por los incendios.
La segunda medida cautelar tiene que ver con los animales rescatados y establece que el Ministerio de Ambiente y Agua, Salud y las gobernaciones de Santa Cruz, Beni y Pando deben brindar salud y alimentación.
La tercera medida cautelar se refiere al pueblo indígena Ayoreo, quienes se encuentran en situación de aislamiento voluntario y se desconoce con certeza el grado de afectación que sufrió por los incendios.
La Segunda Sala Constitucional ordenó que la Dirección General de Protección de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas (Digepio), en coordinación con el Ministerio del Ambiente y las gobernaciones involucradas, se comuniquen con la Central Ayoreo Nativa del Oriente Boliviano (Canob) para evaluar la situación del pueblo ayoreo y tomar medidas para que no se vulnere la integridad del pueblo indígena ayoreo.
La audiencia fue reprogramada para el 1 de octubre debido a que no se notificó oportunamente a seis municipios involucrados: San José de Chiquitos, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Puerto Quijarro y San Ignacio de Velasco; además, el Ministerio del Ambiente y Agua solicitó que se considere como terceros interesados al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Viceministerio de Defensa Civil.
La cuarta medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo solicitaba que el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (Conarade) se reuniera para evaluar la declaratoria de desastre nacional, pero esta solicitud no prosperó en sede judicial.
Fuente: Erbol
