Fiscalía presentó imputación formal y pide seis meses de detención preventiva para Vicente Salazar
La Fiscalía de La Paz presentó acusación formal contra el dirigente campesino Vicente Salazar Limachi y solicitó al Juzgado 17 de Instrucción Penal de La Paz ordenar seis meses de prisión preventiva en el penal de San Pedro.
En tanto, avanzarán las investigaciones por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, terrorismo, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Tras conocer la acusación, la defensa del dirigente anunció que activará una acción de libertad al considerar que el pedido tributario vulnera sus derechos y carece de sustento.
En su justificación, el Ministerio Público sostiene que Salazar, en su calidad de ejecutivo de la Federación Única Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, firmó el “Acuerdo Interinstitucional de Unidad y Lealtad” del 6 de mayo de 2026, mediante el cual se convocó a una huelga general indefinida con bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Asimismo, se le atribuye haber convocado y ampliado los bloqueos en puntos estratégicos, especialmente en la carretera La Paz-Oruro y el tramo Hito IV-Viacha, además de emitir declaraciones públicas en las que llamó a mantener las movilizaciones, afirmó que eran 180 puntos de bloqueo y descartó cualquier diálogo mientras no se atendieran las demandas de los sectores movilizados.
La acusación también señala que Salazar continuó promoviendo protestas incluso durante el estado de emergencia y que actuó en coordinación con líderes de la COB y otras organizaciones sociales para mantener los bloqueos.
Según la Fiscalía, estas acciones provocaron el aislamiento de La Paz y El Alto por más de 50 días, escasez de alimentos, combustible y medicinas, pérdidas económicas millonarias, daños a la infraestructura vial y al menos 14 muertes relacionadas con la imposibilidad de acceso oportuno a atención médica.
Para sustentar la prisión preventiva, el Ministerio Público argumenta la existencia de riesgos procesales. Respecto al riesgo de fuga, sostiene que el imputado no demostró plenamente su residencia ni su actividad laboral, que registra viajes al Perú y que podría salir del país sólo con su cédula de identidad, además de representar un supuesto peligro para la sociedad por la posibilidad de repetir conductas similares.
Respecto al riesgo de obstrucción, afirma que, en libertad, podría influir en testigos, coimputados y peritos, así como interferir en procesos pendientes, incluyendo declaraciones de testigos, pericias informáticas, inspecciones técnicas y otros actos de investigación.
Ante el pedido del fiscal, la defensa de Salazar anunció que presentará una acción de libertad, al considerar que la acusación y el pedido de prisión preventiva violan las garantías constitucionales del dirigente.
Fuente: Erbol | Seguridad
