CIDH amplía plazo a Bolivia para cumplir recomendaciones por caso terrorismo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha extendido el plazo hasta el 26 de julio de 2024 para que Bolivia llegue a un acuerdo con los afectados por el caso Hotel Las Américas y avance en la implementación de las recomendaciones del Informe de Fondo emitido en el Caso No. 13.546, relacionados con Mario Tadic, Elod Toaso y otros.
El plazo original para llegar a un acuerdo sobre reparaciones económicas para las víctimas de violaciones de derechos humanos venció el pasado viernes. Sin embargo, con esta nueva prórroga, el caso queda en la “fase aún no contenciosa”.
Desde la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado emitido este sábado, se informó que la Comisión notificó oficialmente el 26 de abril de 2024, el reconocimiento de las acciones específicas que el Estado boliviano ha implementado para dar cumplimiento a las recomendaciones.
El gobierno boliviano reiteró su compromiso de cumplir con transparencia y racionalidad las recomendaciones de la CIDH. Además, destacó que los argumentos presentados por Bolivia, junto con la asistencia técnica solicitada y la respuesta positiva sobre posibles reparaciones económicas, fueron claves para otorgar la ampliación del plazo, reflejando un reconocimiento al esfuerzo del país para cumplir con sus obligaciones. establecido en el informe.
La Fiscalía General del Estado continuará liderando las acciones de defensa y representación legal del Estado en este proceso.
El caso del Hotel Las Américas se remonta al 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial en Santa Cruz se saldó con la muerte de tres extranjeros, a quienes el gobierno acusó de estar involucrados en actividades terroristas y separatistas.
De este operativo policial, tanto Tadic como Tóasó sobrevivieron y después de casi seis años recuperaron la libertad tras pasar por un proceso abreviado. Luego partieron hacia Europa, donde dieron seguimiento a su denuncia presentada ante la CIDH.
Este suceso ha generado polémicas y críticas de organismos internacionales y grupos de derechos humanos, que cuestionan la legalidad y transparencia de la operación, así como el trato a los supervivientes y a los familiares de los fallecidos.
Este caso ha puesto de relieve las tensiones políticas y los desafíos de derechos humanos en Bolivia.
Fuente: Erbol
